En primer lugar quiero dar a conocer mi vinculación con la distribución de automóviles, razón por la cual me considero facultado para ejercer esta crítica.

Con frecuencia pensamos que los cargos públicos políticos son los únicos responsables de las medidas que se toman y sin duda la responsabilidad existe, aunque los funcionarios suelen ser los que realizan las propuestas, por  tanto el conocimiento que tenga el cargo público sobre la materia puede y debe impedir que las fobias, ideologías o teorías extremas puedan perjudicar el interés general.

Esta introducción es necesaria para justificar que cuando una corporación mantiene los errores cometidos en el pasado y los amplía en la misma dirección a pesar de los cambios de partido en dicha corporación, deja sin lugar a dudas el desconocimiento del político en la materia y el poder en la sombra del funcionario.

Un ejemplo palpable es la situación del tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el periodo anterior quedó patente la campaña “anti automóvil” con medidas entorpecedoras del tráfico y aparcamiento de vehículos. Pues bien, ahora continúa esa política con mayor libertad. Se peatonalizan zonas sin valorar  las consecuencias y perjuicios, no solo para los conductores, sino también para los comercios y ciudadanos en general. Carriles bus con muy limitado uso, que no solo merman la agilidad del tráfico, sino que reducen los aparcamientos existentes; carriles bici que dificultan cruces y también restringen aparcamientos; semáforos mal gestionados; carriles que no reúnen las dimensiones del reglamento. Todo ello sin tener en cuenta que los índices de movimiento de vehículos ha descendido de forma notable, con lo que cuando se reactive la economía tendremos colas provocadas por tanto disparate, que como es natural tendrán incidencia en el costo de los traslados y por tanto en el precio de productos y servicios.

Por añadidura no se es consciente de que España es el segundo productor de automóviles de Europa y que las exportaciones de este sector son un capítulo importante en las exportaciones de nuestro país. Se ignora y no les importa el coste económico que tienen estas medidas restrictivas, ni el incremento en polución, ni que sin querer están perjudicando a los pequeños comercios en beneficio de las grandes superficies del extrarradio más fáciles de acceso y aparcamiento. Además, en numerosas ocasiones he visto estadísticas en distintos países dejando absolutamente claro que más de un 90% de los traslados son por razones de trabajo. Es evidente también que no se puede repartir el pan en bicicleta o llevar a una anciana al médico en el mismo medio de transporte.

La responsabilidad de un servidor público no es cabrear al ciudadano con medidas caprichosas, por el contrario su obligación es servir a la sociedad y si no se está capacitado para ello es más digno solicitar un cambio de puesto.

Sergio Alonso Reyes